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La red vial, una política de Estado


El Congreso de la Nación tiene a estudio en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados la ley Promitt (Programa de Modernización de la Infraestructura del Transporte Terrestre) para integrar el país con una red de autopistas y la rehabilitación de los ferrocarriles. El proyecto cuenta con apoyo de diputados de ocho bloques que han suscripto la iniciativa.
La propuesta consiste en convertir la red troncal principal en una red de autopistas libre de peaje de 13.500 km, que unirá las capitales de provincia y otras 1150 ciudades argentinas, integrando así el 82 por ciento de la población total del país, los puertos de ultramar, los centros turísticos y los países limítrofes. Se hará con inversión privada, sin aportes del Estado. Se recurre al peaje indirecto como hacen Alemania y los Estados Unidos aplicando una tasa vial de tres centavos por litro de combustible por cada mil kilómetros terminados. El gasoil no tendrá recargo porque se compensará con el impuesto vigente, y el usuario estará protegido porque comenzará a pagar la tasa únicamente contra obra concluida. Hoy el usuario está inerme: paga 15.269 millones de pesos por año de impuestos al combustible, el doble de lo que costará la red concluida. Pero como las obras no se hacen debemos seguir circulando por las rutas de la muerte pagando peaje por un inexistente y precario mantenimiento.
Nuestra red vial fue diseñada en 1930 (había 300.000 automotores, y la carga y los pasajeros se desplazaban por ferrocarril); hoy los automotores se multiplicaron por 30 y ya son nueve millones; el 85 por ciento de la carga se lleva por camión; los ómnibus transportan 65 millones de pasajeros de larga distancia, y cada año se agregan 750.000 vehículos (para 2020 totalizarán 18 millones de unidades).
Autos del siglo XXI circulando por carreteras de la década del 30 sólo pueden causar una alta siniestralidad. Según la Asociación Argentina de Carreteras, los accidentes cuestan el 2 por ciento del PBI, es decir, 6600 millones de dólares al año: tres veces más de lo que costará la red de autopistas una vez concluida.
Como dijimos ayer en estas columnas, no es solución seguir agregando carteles de peligro; hay que suprimir los peligros previsibles. Así funcionan las autopistas: evitan los choques dividiendo las calzadas y sorteando las intersecciones con cruces a distinto nivel, y los vuelcos, suprimiendo curvas peligrosas; bordean las ciudades con circunvalaciones; evitan el riesgo de "morder la banquina" pavimentándola, etcétera.
Además, la construcción de las obras creará 100.000 empleos productivos, canalizará ahorro interno al emitir bonos de infraestructura ajustados por inflación al 6% anual con garantía Triple A del BID, con opciones para mitigar la fuga de capitales que, según el Banco Central, alcanzó a 52.000 millones de dólares en tres años (2007-2009). La ley crea también un fondo específico de 20.000 millones de dólares para la rehabilitación de los ferrocarriles.
El programa cuenta con el respaldo del Centro Argentino de Ingenieros, el Automóvil Club Argentino (ACA), la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), la Asociación de Cooperativas Argentinas y otras entidades; entre ellas, el Foro de la Cadena Agroindustrial, que en el país reúne el 36 por ciento de los empleos, el 45% del valor agregado, el 44% de la recaudación tributaria y el 55% de las exportaciones.
En su 7° Jornada Anual el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ernesto Crinigan, señaló la necesidad y conveniencia del proyecto, ya que la producción del agro se ha triplicado desde los 90, mientras que la infraestructura básica de caminos ha crecido escasamente. Con la ley Promitt en 10 años la Argentina equipará su territorio con una red vial moderna, aplicando un modelo de gestión transparente y sin caja política, ya que la inversión es privada y el recupero del usuario no pasa por las manos de los funcionarios. Para lograr esta meta, debería aprobarse por amplia mayoría constituyendo una política de Estado que garantice su perdurabilidad, como ocurrió en 1932 con la ley de vialidad aprobada por unanimidad.
Nuestro país necesita planificación de largo plazo. Hay que recordar el consejo de Peter Drucker: la planificación no se hace pensando en el futuro, sino en las consecuencias futuras de las decisiones presentes. Pongamos manos a la obra cuanto antes.



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