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SECCIÓN III: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

1.  El rol del Estado en el tránsito automotor

2.  Dictamen Jurídico:
Responsabilidad civil del Estado Nacional como proveedor monopólico del servicio público vial en la Red Troncal Nacional.

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Guillermo Laura*

Pocas actividades humanas están tan reguladas y controladas por el Estado como el tránsito vehicular. Ninguna de estas actividades escapa a su escrutinio minucioso, a su aprobación previa y a su verificación posterior. Nos dice qué vehículos pueden circular y quiénes son hábiles para conducirlos. Además, se ha reservado el monopolio de proveer en forma exclusiva la infraestructura que le sirve de apoyo, cualesquiera sean sus características de diseño: calles, avenidas, carreteras convencionales, autovías o autopistas.

Paradójicamente, estos controles, aprobaciones, verificaciones y licencias no han sido suficientemente eficaces para evitar que el tránsito sea la actividad humana más riesgosa, en el mundo y en nuestro país. Muere mucho más gente por accidentes de tránsito que por delitos dolosos. Como se explica en la Sección I, punto 1, todos los años mueren en el mundo 1.200.000 personas en siniestros automotores. El problema se agrava en los países en desarrollo que concentran el 85 % de las muertes a pesar de que tienen índices de motorización sustancialmente más bajos que los países desarrollados. Es que en aquellos países los Gobiernos, a pesar de su frondosidad, han sido incapaces de proveer una infraestructura con alto estándar de seguridad y además han demostrado escasa vocación para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad en el tránsito.

Habitualmente la responsabilidad del Estado en nuestro país, frente a los 7.000 muertos por año en siniestros de tránsito, no es considerada ni evaluada en su real dimensión, a pesar de sus múltiples roles como controlador, aprobador, otorgante de licencias y proveedor exclusivo de la vía.

Normalmente la discusión judicial se limita a analizar si el vehículo A fue el culpable del choque con el vehículo B, o si el conductor del vehículo C fue el responsable de la muerte del peatón D.

La teoría conductualista, que proviene de algún sector de la doctrina española, responsabiliza exclusivamente al conductor por todo hecho dañoso, como si las condiciones de la infraestructura no tuvieran influencia alguna en los siniestros. Recientemente el Tribunal Supremo Español (en Sentencia definitiva de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, 23-12-02)** apartándose de esta errónea doctrina ratificó la responsabilidad del Estado en los puntos negros o críticos de las carreteras. No obstante que el Tribunal dio por probado que la víctima circulaba a exceso de velocidad (causa inmediata), igual responsabilizó al Estado por no haber tomado medidas preventivas de seguridad pasiva en dicho lugar que hubieran evitado o mitigado las consecuencias dañosas, a pesar de los errores o imprudencias del conductor (se trataba de una curva muy cerrada ubicada peligrosamente a la salida de una autopista y que no contaba con el guard-rail o baranda de defensa correspondiente). El Alto Tribunal consideró que la omisión culposa del Estado era causa del daño infligido al conductor aún cuando éste también había sido imprudente.

El enfoque “conductualista”, también predominante en la Argentina, se agota en la búsqueda de un culpable. Pero aporta poco a la reducción objetiva del riesgo creado.

La meta central de una verdadera política de seguridad vial no es buscar responsables sino resolver el problema y para ello no debemos olvidar las tres E: engineering, education y enforcement. De los tres factores, la piedra angular es la calidad de la infraestructura que constituye el cimiento del binomio del tránsito.

Creemos que al evaluar la responsabilidad civil emergente de un hecho dañoso no se puede pasar por alto el rol decisivo del Estado en todos los aspectos vinculados al tránsito. Las omisiones y negligencias de la autoridad son factores decisivos en la mayoría de los casos y ello no puede ser soslayado.

Veamos en apretada síntesis cuales son las funciones y deberes del Estado con relación al tránsito:

I. CONDUCTOR

a. Otorga las licencias y fija los requisitos físicos para el otorgamiento. Privilegia el acceso universal de todos los habitantes a la posibilidad de conducir, por encima de la seguridad vial, otorgando licencias aún a quienes ven poco, oyen mal, son demasiado jóvenes y temerarios o demasiado viejos y carentes de reflejos.

b. Dicta las normas de circulación fijando las velocidades máximas.

c. Fiscaliza el cumplimiento de las normas de circulación ejerciendo el Poder de Policía.

d. Establece las sanciones por violación de las normas de tránsito y se ocupa de perseguir judicialmente a los infractores.

e. Es el único que puede tipificar penalmente las conductas que entrañan riesgos extremos como conducir sin licencia o en estado de ebriedad.

II. VEHÍCULOS

a. Aprueba los protocolos de fabricación y fija las exigencias en materia de recaudos de seguridad, por ejemplo cinturón de seguridad, air-bags, doble circuito de frenos, etc.

b. Autoriza la importación de cada modelo de automotor tales como vehículos que paradójicamente desarrollan 310 km/hora cuando la máxima velocidad autorizada legalmente es 130 km/hora y ello exclusivamente en las escasas autopistas disponibles.

c. Verifica periódicamente el estado de los vehículos para determinar su aptitud para circular.

d. Autoriza las dimensiones máximas de los vehículos en especial el ancho con relación a la capacidad de las calzadas y su altura -ómnibus de doble piso- para garantizar su estabilidad conforme a la infraestructura, en especial el radio de giro en las curvas.

III. INFRAESTRUCTURA

a. El Estado es proveedor exclusivo de todo tipo de infraestructura.

b. Fija el estándar de seguridad de las vías de tránsito.

c. Cuando otorga concesiones a particulares fija las normas de diseño y equipamiento y controla su cumplimiento.

El Estado controla todos y cada uno de los aspectos ligados al tránsito.
¿Puede ser entonces que no tenga ninguna responsabilidad frente a la hecatombe anual de la siniestralidad vial?
¿Puede acaso invocar que los accidentes son imprevisibles y que no se pueden evitar?



cartel


Será harto difícil para el Estado invocar que el hecho era imprevisible. La cartelería en ruta es la confesión explícita de deficiencias admitidas: prohibido adelantarse (para evitar el choque frontal), paso a nivel sin barreras, curva peligrosa, cruce urbano, calzada resbaladiza, puente angosto, banquinas descalzadas, zona de derrumbes, calzada en mal estado, zona de niebla, animales sueltos, baches abiertos, etc.
Si el Estado colocó estos carteles es porque previó el peligro y en consecuencia nunca puede sostener que era imprevisible.


foto baches

Tampoco podrá invocar la fuerza mayor porque como hemos visto, la técnica vial brinda respuestas eficaces para la inmensa mayoría de las situaciones.

Esta situación se puede asimilar a la de un restaurante que coloca un cartel a la entrada advirtiendo: el pescado está pasado; las hamburguesas tienen bacilo colli; el agua está contaminada; la manteca está rancia y el vino agrio. Si alguno de los clientes muere intoxicado ¿Podrá el dueño del restaurante eximirse de culpa porque él advirtió los riesgos con un cartel bien visible? ¿Legitimarán los jueces esa defensa, del mismo modo que hoy eximen de responsabilidad civil al Estado por las muertes provocadas por las falencias de las Rutas de la Muerte con la única condición de que coloque bien visible un cartel de advertencia?
Es más; el cliente del restaurante tiene seguramente otras opciones mientras que las rutas constituyen servicios monopólicos. La única alternativa para preservar la vida sería no viajar.
A raíz del paro agropecuario que impidió la circulación en las rutas troncales, se observó una drástica reducción de los siniestros. Pero apenas se normalizó el tránsito volvieron a registrarse terribles catástrofes. Enfrentamos una opción de hierro para lograr la ansiada seguridad vial: clausurar en forma definitiva todas las rutas troncales (lo cual sería disparatado) o construir la Red Federal de Autopistas.
Obviamente esta es la única opción racional.

A continuación se analiza, desde una óptica estrictamente jurídica y basada en la ley argentina, la responsabilidad civil del Estado como proveedor exclusivo de la infraestructura vial en la Red Troncal Nacional que constituye la columna vertebral del sistema de transporte automotor ya que lleva el 57 % del tránsito interurbano y concentra el 75 % de las muertes. De allí su importancia para poner coto a la elevada tasa de siniestralidad que como hemos visto es 683 % mayor que en EE.UU. a igual distancia recorrida (cuadro 7 de la Sección II). El análisis está a cargo de los especialistas Dres. Félix Alberto Trigo Represas y Martín Diego Pirota.



corazon


* Presidente de la Fundación Metas Siglo XXI
** www.martindiegopirota.com.ar - solapa de Apéndice Legislativo - Artículos varios información general y jurisprudencia (sección Fallos importantes).



 

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